-Mara Lezama y la XVIII Legislatura, tiene en sus manos la oportunidad de corregir el camino y designar un verdadero tribunal imparcial.
08 de Septiembre del 2024.- Éste sábado, la XVIII Legislatura de Quintana Roo determinó por mayoría calificada, la desaparición del actual Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, para dar surgimiento a uno nuevo que mantendrá una estructura similar, aunque con diferencias sustanciales. El motivo primordial, es que existieron, como se diría en el argot del derecho “vicios de forma”.
Lo anterior, le brinda a la gobernadora Mara Lezama y los diputados de la XVIII Legislatura, la oportunidad de entregar a la sociedad de Quintana Roo, un nuevo tribunal capaz e imparcial que proteja los derechos de los justiciables y combata de forma real la corrupción que prevalece en diferentes esferas del gobierno.
En el 2018 en pleno auge del Joaquinismo, la Comisión Permanente de la XV Legislatura, determinó crear este Tribunal, que a grandes rasgos, se encargaría de dirimir las controversias que existieran entre los particulares y el Gobierno del Estado. En forma práctica, se encargaban de determinar problemas entre empresas y ciudadanos con la figura del Gobierno del Estado.
Un ejemplo, son las multas interpuestas por los agentes de tránsito. Si como ciudadano considerabas que fue injusta, podías tramitar un Juicio Administrativo en contra del Gobierno del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, se encargaba de resolverlo.
Lo mismo ocurría con el incumplimiento de contratos por parte del Gobierno del Estado, clausuras de negocios y hasta la revocación de la concesión de Aguakan, se dirimían en ese tribunal.
Sin embargo, a la diputación permanente se le pasó por alto en aquel 2018, que no les correspondía votar para la creación del mismo, si no que tenía que ser mediante una sesión del pleno, la cual no se realizó.
Ante este panorama, desde la XVII Legislatura se dejó todo preparado para poder “reparar” el error cometido y de esta forma evitar que, en algún momento, los casos dirimidos por los magistrados actuales, pudieran perderse, por una impugnación debido a un vicio de forma al momento de su creación. Este sábado, fue aprobada la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
Este nuevo Tribunal contará con cinco personas titulares de las magistraturas, de las cuales una fungirá como titular de la Presidencia y se encargará de la administración del mismo y será designada por el Pleno del Tribunal, para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración.
Se establecieron los requisitos para poder ser designados como magistrados, y aunque existe una posibilidad remota que los actuales sean tomados en cuenta por la XVIII Legislatura, sus antecedentes han impactado de forma negativa en la percepción social y del gremio de derecho que pide un cambio urgente en el mismo.
Los cinco magistrados actuales, empezando por Antonio Villalobos Carrillo son afines al ex gobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, inclusive, el hoy presidente del TJA, fue concejero jurídico.
Sin embargo, en el año 2020, su nombre fu mencionado en una manta que delincuentes colocaron en la calle 135, cerca de la avenida Politécnico, en la región 515 de Cancún, la cual fue dejada junto con tres cabezas humanas. Al hoy presidente del TJA, se le señalaba en la manta, junto con dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado, de permitir la operación de un grupo de la delincuencia en el Estado.
No hubo respuesta del Estado y en cambio, en su carácter de Concejero Jurídico, solicitó al gobierno del Estado, que le dotaran de una camioneta blindada, al temer por su seguridad.
Villalobos Carrillo, pasó de ser Consejero a Magistrado y elegido “por orden de Carlos Joaquín” como Presidente, por lo que hasta el momento, no ha tenido “la necesidad” de tener que dirimir los cientos de casos que se acumulan en las cuatro salas restantes, su posición es más de administración del Tribunal.
Otra de las que ha estado en el ojo del huracán es Isabel Cecilia González Glennie, Magistrada de la Tercera Sala Unitaria, el 18 de diciembre del 2019, fue señalada por otorgar una suspensión a la clausura de la Plaza de Toros de Cancún, para que un grupo de empresarios taurinos pudieran realizar el evento del 20 aniversario.
Las asociaciones ambientalistas protestaron y entonces la corrida de toros fue cancelada, ante la intervención del Ayuntamiento de Benito Juárez, en aquel entonces presidido por Mara Lezama, quien declaró la comuna no brindaría autorizaciones para esa clase de eventos.
En el año 2020, se filtraron a los medios de comunicación una serie de audios en los que González Glennie despidió a Llublyn Fuentes Gómez, quien era directora del área de Capacitación, y en la que aseguró que el espacio que ella ocupaba-Llublyn- era una cuota otorgada por el panista Eduardo Martínez Arcila, quien ante la creación de la legislatura fungía como Presidente de la desaparecida Gran Comisión del Congreso del Estado.
Un año después, “La magistrada polémicas” volvió a ocupar las primeras planas, cuando se filtraron a los medios, una serie de mensajes que sostuvo con la entonces Directora de Enlace Institucional del TJA, Paola Angulo Villanueva, en la que se quejaba del entonces presidente, hoy titular de la segunda sala, Alfredo Cuellar Labarthe.
González Glenie se quejó que a ella, le tocaban todos los asuntos “fuertes” que caían y de la nula capacidad política de Cuellar Labarthe a la que ella y su interlocutor bautizaron como “El Chafa” al no poder solucionar varios conflictos internos.
De los magistrados restantes, poco se puede hablar, pues su desempeño es gris, tirando a negro, pues los asuntos importantes como el de la balacera de Cancún en contra de manifestantes del el nueve de noviembre, la cancelación de la concesión de Aguakán, la demanda interpuesta contra el Gobierno del Estado por daño moral cometido en contra de Paula González Cetina, ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, quien fue absuelta de los cargos de los que la acusó la Fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo, no han sido resueltos.
De una u otra forma, todos los magistrados actuales se encuentran vinculados con Carlos Joaquín, por lo que, en caso de ser considerados para volver a ocupar los caros, sería un grave error, pues se ha demostrado que únicamente buscan favorecer a la clase política del pasado sexenio.
Hasta el momento, ni los diputados, ni el propio TJA ha informado que pasará con los más de 100 trabajadores que laboran en el sitio y cuyas familias dependen de ese ingreso, y quienes no tienen la culpa de las malas decisiones de los integrantes de la XV Legislatura que se equivocaron en un requisito de forma, ni mucho menos de las acciones de los propios magistrados que han sido señalados de actos de corrupción.
La interrogante que tanto a trabajadores de ese tribunal, como a gran parte de la comunidad de abogados, les surge, es si en realidad será un “nuevo tribunal” o los diputados “reciclarán el ya existente”.
